Uribe y las víctimas después del plebiscito

14 AÑOS DE LA MASACRE DE BOJAYÁ

Niños en una conmemoración en Bojayá.

A mí me quedan claras dos cosas después del plebiscito en Colombia: No se les ha dado el espacio merecido a las víctimas, y se ha subestimado la capacidad que tiene el expresidente Uribe de manipular los sentimientos de la gente.

 

Me rompe el corazón que haya ganado el no en Colombia cuando pienso en las víctimas de esta guerra tan brutal e inhumana que han superado sus miedos y rencores y han demostrado su voluntad de paz. Pienso en los sobrevivientes de la masacre de Bojayá, Chocó, donde las FARC lanzaron una cilindro bomba que mató a 79 personas en una iglesia. A pesar del inmenso dolor y sufrimiento que la masacre les causó, han aceptado el pedido de perdón por parte de la guerrilla. Este domingo 2 de octubre el 96 por ciento de sus habitantes votaron a favor del «Si» en el plebiscito sobre el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las guerrillas de FARC. Después se sintieron decepcioncados:

– Sentimos que el país urbano no comprendió la realidad y la necesidad de terminar este conflicto. Era una oportunidad grandísima que teníamos y se desaprovechó, dijo Leyner Palacios, líder de las víctimas de la masacre de Bojayá. 

Ellos – y los otros 8 milliones de víctimas y sobrevivientes del conflicto colombiano – merecen vivir en un país en paz, donde la violencia no se repita nunca jamás, donde se sepa la verdad sobre los crímenes que han sufrido y donde los que hayan sido desplazados puedan volver a sus casas.

Fue definitivo el liderazgo del ex presidente Álvaro Uribe Vélez para que un 50.21 por ciento de los colombianos votaran en contra del acuerdo del acuerdo de paz firmado por el Gobierno de Santos y las FARC. Cómo se logró? Ganó el miedo, el dolor y el corazón ofendido de las víctimas? A primera vista pareciera que si, pero si uno mira las regiones más golpeadas por el conflicto, como Bojayá o como Turibío, Cauca, hubo un amplio respaldo del acuerdo de paz. Esto significa que muchas víctimas votaron por el «Sí».

 

Yanette Bautista, quien estuvo en la primera delegación de víctimas que viajó a Cuba para encontrarse con el Gobierno y las FARC, me contó poco después cómo ella y otras víctimas de distintos actores del conflicto habían logrado superar la polarización y descubrir que estaban unidas por el dolor de la pérdida de sus seres queridos, pero también unidas en su búsqueda de una paz sin impunidad.

Ella resaltó que las personas que habían sentido el conflicto en carne propia podrían jugar un papel fundamental a la hora de reducir la polarización y ser una especie de puente entre La Habana y la sociedad colombiana, que en gran medida parecía desconectada de lo que se estaba negociando en Cuba. Por eso quería recorrer el país, socializar sus experiencias, compartir sus propuestas y promover el sí al acuerdo de paz.

– La población en general está muy escéptica, constató Bautista. – Hay que tener en cuenta que hubo seis millones de votos que se podrían interpretar en contra de la paz en las recientes elecciones. Y esos seis millones hay que enamorarlos, hay que conquistarlos para la paz.

janeth-bautista

Yanette Bautista de la Fundación Nydia Erika Bautista.

En mi opinión, faltó darles el espacio merecido a las víctimas en este proceso. Si bien hubo un reconocimiento innegable de sus derechos, no tuvieron el protagonismo que podrían haber tenido. Si hay alguien que tiene legitimidad para hablar de una propuesta de justicia transicional, son las víctimas del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, los principales protagonistas del proceso de paz – las FARC y el presidente Santos – enfrentaron un importante rechazo en la población.

Sin duda, también hay víctimas que han votado en contra del acuerdo el domingo pasado. Para algunos ha sido difícil aceptar que guerrilleros responsables de secuestros, asesinatos y otras atrocidades no iban a la pagar un sólo día de cárcel, sino que iban a tener la oportunidad de participar en política.

Hay muchas razones para exigirles verdad, justicia y reparación de los integrantes de las FARC. Ellos, al igual que los otros actores del conflicto armado – Estado y paramilitares – son todos responsables y tienen que responder frente a las víctimas. Sin embargo, justicia no es sinónimo de cárcel. La justicia transicional es justamente un mecanismo para encontrar un punto medio entre la necesidad de paz y la necesidad de justicia. Un acuerdo de paz es, por definición, una solución intermedia hecha entre enemigos. En estos temas faltó mucha pedagogía. Faltó involucrar a la gente en el proceso de paz. Y faltó hacer pedagogía sobre la necesidad de inclusión social y política en un país tan desigual como Colombia.

Aún así, comparado a otros procesos de paz en el mundo, donde los enemigos simplemente se han dado la mano y han repartido el poder entre sí, en este proceso se ha reconocido los derechos de las víctimas y ha tenido la ambición de realizar transformaciones en el campo colombiano. Faltaba ver si los desplazados realmente lograran retornar a sus tierras y a las víctimas pudieran conocer la verdad sobre las atrocidades que han sufrido, pero era un buen inicio.

Ahora bien, aceptar un modelo de justicia transicional requiere de mucha madurez. El plebiscito de este domingo dejó claro que no todos los colombianos han alcanzado la madurez de los pobladores de Bojayá o de defensores de derechos humanos como Yanette Bautista.

Es comprensible que después de 52 años de guerra haya mucha rabia, miedo, rencor, desconfianza y polarización en Colombia. Y no sólo entre las víctimas: Tal vez estos sentimientos predominan más entre los que no vivieron el conflicto en carne propia? Como me dijo Paula Gavíria, ex directora de la Unidad de Víctimas,cuando conversamos en La Habana en septiembre del 2014,  las víctimas tienen un mayor compromiso con la paz que el resto de la sociedad colombiana.

– [En las víctimas] encuentro un profundo compromiso con la paz, condicionado a tener un poco más de verdad. Siento también una capacidad enorme de ellas para perdondar, para avanzar – mucho más alta que la de las personas no víctimas. Hay mucha más humanidad en las víctimas que en los que no somos víctimas. Hay una capacidad de salir adelante, una capacidad de ver la vida, de transformar ese dolor… y por eso también yo creo profundamente que una vez se firme la terminación del conflicto, la construcción de la paz tiene que hacerse con las víctimas. Las víctimas son las que nos pueden orientar al resto de la sociedad colombiana sobre cómo abordar ese dolor, sobre cómo resignificar ese pasado. Son ellas, porque ya lo hicieron! Somos los demás los que no lo hemos hecho, dijo Gaviria.

El problema surge cuando los sentimientos dolorosos no son procesados adecuadamente, sino que son manipulados por políticos poderosos, como el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

Eso lo pudimos observar durante sus ocho años en la casa de Nariño: El miedo a la violencia, pero también el miedo al que piensa diferente y al que lucha por transformaciones sociales, fue canalizado habilmente en pro de un proyecto político que llevó el nombre engañoso de la «Seguridad Democrática», y que se tradujo en una estrategia militarista en contra de la guerrilla y en contra de todo aquel que fuera visto como enemigo.

Hay que reconocer que la estrategia militar de Uribe acertó en debilitar a la guerrilla y frenar los secuestros y los ataques terroristas. Para muchos representó una esperanza y un alivio. Sin embargo, tuvo unos costos enormes para otros: Miles de colombianos inocentes fueron asesinados y presentados como muertos en combate, utilizados para celebrar los avances de la Fuerza Pública en la lucha contra el terrorismo. El aparato de inteligencia en Colombia, el DAS, fue puesto al servicio de los paramilitares y utilizado para perseguir, intimidar, estigmatizar, difamar y asesinar a sindicalistas, lideres sociales y de oposición, defensores de derechos humanos, periodistas y jueces.

Por esta razón, Uribe no sólo se ha resistido al proceso de paz por razones políticas. Tiene un interés personal en impedir que todo lo que haya sucedido durante su tiempo como gobernador de Antioquia y presidente de la República salga a la luz pública. Además representa unos intereses económicos muy fuertes que se oponen a transformaciones sociales en el campo colombiano.

La política de Uribe también tuvo un enorme impacto en cómo los colombianos entienden su propia realidad. Uribe fue muy ágil en convencer a sus seguidores de que no había ningún conflicto armado en Colombia, y por lo tanto no había ninguna causa estructural sobre la cual reflexionar ni nada que negociar con nadie. Él ha insistido siempre en que Colombia lo que ha sufrido es una amenaza terrorista y que la única manera de enfrentar esa amenaza es por la vía armada. Hasta el último día seguía insistiendo en que el proceso de paz significaba «entregarle el país a los terroristas«.

Es precisamente esta lógica guerrerista que ha ganado en el plebicito.

En la euforia de la campaña por el sí me parece que no se tomó suficientemente en serio el poder del miedo, la desconfianza y la rabia y la manipulación de estos sentimientos por parte de Uribe y sus aliados. No se valoró lo suficientemente la necesidad de sanar las heridas, reconstruir la confianza entre la gente y recuperar la esperanza en el futuro. Esos son procesos que necesitan tiempo.

«Ni un hombre ni una multitud ni una nación se puede confiar para actuar con humanidad o para pensar con cordura bajo la influencia de un gran temor», dijo Bertrand Russell.

Qué tipo de relaciones sociales y qué nivel de conciencia social se puede esperar de seres humanos que han convivido con el miedo y la lógica de la guerra toda la vida? Estudios de sociedades permeadas por el miedo muestran que mucha gente vive en constante alerta y en desconfianza, se siente impotente y tiene una reducida capacidad para conmoverse ante el dolor del otro. Esto en parte podría explicar el alto grado de abstención: 62.6 % de los colombianos habilitados para votar dejó de ir a las urnas.

La tarea ahora es aprender de las víctimas y cambiar una cierta memoria vengadora por lo que Gonzalo Sánchez, director del Centro de Memoria Histórica, llama una memoria transformadora:

– La memoria de las víctimas es diversa en sus expresiones, en sus contenidos y en sus usos. (…) Para unos, la respuesta al agravio es una propuesta de sustitución del orden, es decir, la búsqueda de la supresión o transformación de las condiciones que llevaron a que pasara lo que pasó: es una memoria transformadora. Pero hay también memorias sin futuro, que toman la forma extrema de la venganza, la cual a fuerza de repetirse niega su posible superación. La venganza pensada en un escenario de odios colectivos acumulados equivale a un programa negativo: el exterminio de los reales o supuestos agresores. En efecto, la venganza parte de la negación de la controversia y de la posibilidad de coexistir con el adversario. Es la negación radical de la democracia.

En mi modo de ver, fue justamente ese programa negativo que ganó en el plebiscito.

A pesar de todo esto, estoy convencida de que la construcción de paz apenas empieza en Colombia. A fin de cuentas, hubo un 49.78 % que votó a favor de los acuerdos pactados. Después de los avances que han hecho el Gobierno y las FARC en la Habana, ahora llegó la hora de un diálogo de paz a nivel local, regional y nacional entre diferentes sectores de la sociedad civil colombiana. Ahí tienen que jugar un papel fundamental las víctimas de todos los actores del conflicto. Espero que tanto el Gobierno como las FARC tengan la grandeza de mantener el cese al fuego bilateral frente a un panorama así.

En ese diálogo no puede faltar Uribe, quien ha sido declarado el ganador del plebiscito, y quien ha propuesto un Gran pacto nacional. Si bien, él quiere figurar como el benefactor de las víctimas de las FARC, le va a tocar asumir su responsabilidad frente a las víctimas de los falsos positivos, de la infiltración paramilitar del DAS y de la parapolítica que hubo durante su Gobierno.

Llegó la hora de mostrar en la práctica qué significa cuando habla de la impunidad y de su compromiso con la justicia.

 

 

 

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Kvinner som ofre, krigere og fredsbyggere i Colombia

Camila Cienfuegos

Hva slags rolle spiller kvinner i den væpnede konflikten i Colombia og hvorfor er deres deltakelse viktig i fredsbyggingen?

– Vi geriljakvinner har førstehåndskjennskap til landets problemer. Vi har beveget oss i områdene hvor elendigheten og den statlige forsømmelsen er størst og har ledsaget den sosiale kampen. Med en fredsavtale vil vi utvikle dette arbeidet videre, sier Camila Cienfuegos. Hun gikk inn i geriljaen som 14-åring, etter at hun ble forfulgt på grunn av sitt engasjement i kommunistpartiet. Faren og flere slektninger har blitt drept av de paramilitære gruppene. I dag er hun en del av FARC-geriljaens delegasjon i Havanna og svarer på spørsmålene mine over e-post.

Fredsforhandlingene mellom den colombianske regjeringen og FARC-geriljaen, som har vært i krig i over femti år, startet uten kvinner: Under pressekonferansen i Hurdal i oktober 2012, hvor fredsprosessen ble lansert, satt det ikke en eneste kvinne ved bordet, verken fra regjeringen eller geriljaen. Fraværet av kvinner er vanskelig å rettferdiggjøre, i og med at kvinner rammes hardt og i økende grad er deltakere i konflikter og kriger.

I FARC-geriljaen utgjør kvinner nærmere 40 prosent. Hva har de opplevd, hva tenker de og hva har de å bidra med til forhandlingsbordet og i oppbyggingen av hjemlandet, om partene når fram til en fredsavtale? Informasjonskrigen mellom de krigende partene gjør at svært motstridende versjoner om kvinnelige geriljasoldater er i omløp.

Monstre og ofre

Kvinner i FARC gjennomgår samme trening som menn og deltar i kamphandlinger på lik linje med dem. Selv om det ikke er noen kvinner i den øverste ledelsen – sekretariatet – så har flere kvinner ledende roller. Siden dette bryter med tradisjonelle kjønnsroller, har det oppstått mange myter, sier Adriana Benjumea fra den feministiske menneskerettighetsorganisasjonen Humanas. Geriljakvinner blir ofte redusert til monstre eller ofre.

– Karina er et eksempel på mytene. Hun var kommandant og overga seg til hæren for en stund siden. Hun har sikkert begått forbrytelser, men ble også gjenstand for en krigsmytologi, hvor det ble sagt at hun var grusom og torturerte menn, forteller Benjumea på telefon fra Bogotá.

Elda Neyis Mosquera, alias Karina, gikk inn i geriljaen som 16-åring og ledet i sin tid Front 47. Ifølge påtalemyndigheten har hun innrømmet å ha deltatt i en rekke forbrytelser, deriblant drap, kidnappinger og rekruttering av mindreårige. Samtidig tar hun i nett-tidskriftet KienyKe sterk avstand fra beskyldningene om at hun skal ha kastrert en mann og spilt fotball med hodene til politimenn.

På den andre siden har seksuell vold internt i FARC-geriljaen vært et mye omtalt tema. Forskeren Andrés Fajardo skriver om tvungen sterilisering, abort og «seksuelt slaveri». Verdad Abierta har satt fokus på hvordan mindreårige jenter blir tvunget til å ha sex med geriljaledere.

– Det er snakk om ubekreftede hendelser, basert på illegitime kilder: demobiliserte som jobber for regjeringen, innvender Camila Cienfuegos. Kildene er kvinner som har forlatt geriljaen og samarbeider med de væpnede styrkene.

– Overgrep og seksuell vold mot kvinner er ikke FARC-EPs politikk, tvert imot er det noe som blir straffet og sanksjonert, sier hun.

Benjumea reagerer på sin side på at det skapes et inntrykk av at alle FARC-kvinner er ofre:

– Det er problematisk, fordi mange kvinner har gått inn i geriljaen fordi de tror på noen politiske idealer. Om man sier at alle er ofre, sår man tvil rundt kvinnenes politiske valg.

Én ting er hva som foregår internt i geriljaen. En annen ting er hvordan seksuell vold blir brukt som et våpen mot sivile. Det nasjonale senteret for historisk hukommelse konstaterer i sin rapport Basta Ya at alle parter i konflikten – både geriljaen, de væpnede styrkene og ikke minst de paramilitære gruppene – er skyldige i voldtekter og andre seksuelle overgrep. Det samme kommer fram i en rapport fra kvinneorganisasjonen Ruta Pacífica de Mujeres.

Camila Cienfuegos har selv blitt utsatt for overgrep fra de væpnede styrkene: I 2003 ble hun tatt til fange, voldtatt og torturert, ifølge avisa El Espectador.

Nettopp fordi seksualisert vold er skambelagt og lite dokumentert er det viktig at en framtidig sannhetskommisjon går dypere inn i problematikken. Også Farc-kvinnene har tatt til orde for å få sannheten om overgrep mot sivile på bordet, sier Benjumea.

Gerilja-kvinnenes deltakelse i fredsprosessen

Om mannsdominansen var total da forhandlingene startet, så er mange kvinner aktive i fredsprosessen nå. To av regjeringens sju hovedforhandlere er kvinner, deriblant utenriksminister María Ángela Holguín, som i slutten av mai ble bedt om å bistå forhandlingsteamet. Inkludert rådgiverne er 37 prosent av regjeringsdelegasjonen kvinner, ifølge Humanas.

Kun én av FARC-geriljaens hovedforhandlere er en kvinne, men til sammen arbeider 15 kvinner i Havanna, forklarer Cienfuegos. Tre av dem er aktive i kommisjonen som forsøker å bli enige om hvordan konflikten skal avsluttes (våpenhvile, nedleggelse av våpen, demobilisering og re-integrering), mens fem arbeider i kommisjonen som skal ivareta kjønnsperspektivet. Når jeg spør hvilke tema som er viktigst for kvinnene, svarer Cienfuegos:

– Behovet for at en eventuell endelig avtale må inkludere kravene til alle colombianske kvinner, med vekt på folkelige sektorer, og et ekte deltakende og inkluderende demokrati må bli etablert. Det er avgjørende at denne prosessen gir kvinner en sentral rolle i byggingen av fred med sosial rettferdighet.

I underkommisjonen for kjønnsspørsmål har FARC tatt til orde for at kvinner må garanteres tilgang til gratis jord og politisk deltakelse. De er opptatt av kompensasjon til krigens kvinnelige ofre, som ifølge Cienfuegos er hardest rammet av konflikten. I tillegg trekker hun fram dialogen med kvinneorganisasjoner og LGBTI-aktivister, som har besøkt kommisjonen i Havanna.

Kvinnenes perspektiv er viktig

– Kvinners livserfaringer er forskjellige fra menns erfaringer, både i krigen og i samfunnet. I det colombianske samfunnet blir kvinner diskriminert, og det skjer også i krigen. Derfor er deres innspill viktige, sier María Eugenia Vásquez, som var på Cuba i februar.

Fredsaktivisten var tidligere aktiv i M-19-geriljaen, som la ned våpnene i 1990. I 2001 dannet hun en organisasjon sammen med andre kvinner med liknende bakgrunn. De fornekter ikke sin historie og det politiske engasjementet som fikk dem til å ta til våpen, men kanaliserer det nå inn i arbeidet for fred.

Vásquez forteller at kvinners deltakelse i dagens fredsprosess er mye større enn da M-19 og flere andre geriljagrupper ble demobilisert rundt 1990. Da hun var i Havanna for å møte kommisjonen for kjønnsspørsmål, påpekte hun at ulike kvinners erfaringer, interesser og behov må bli ivaretatt, både i forhandlingene, under demobiliseringen og når de skal reintegreres i samfunnet. Samtidig la hun vekt på kvinners potensial som politiske aktører og fredsbyggere.

Dette er også en rolle Cienfuegos ser for seg i framtida:

– Jeg ser for meg at jeg arbeider intenst for fred og sosial rettferdighet, slik jeg har gjort fram til nå, men uten frykt for å bli drept. At jeg bidrar med mine initiativ til Colombia og til den politiske bevegelsen som vil oppstå etter undertegnelsen av en avtale, med vekt på kvinners, barns og unges rettigheter.

 Artikkelen ble publisert i Kvinner Sammen nummer 1, 2015

Publisert i Colombia, fredsprosess, Nyheter og politikk | Merket med , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Fanget i krigens logikk: Santos og Farc må bestemme seg for freden

Børge Brende og Santos

Den colombianske regjeringen og Farc-geriljaen, som har sittet i fredsforhandlinger siden 2012, er fortsatt fanget i krigens logikk, innrømmet president Juan Manuel Santos under sitt norgesbesøk.

– En militær «seier» fører ikke til fred lenger, for i dagens asymmetriske kriger unnslipper seieren oss alltid og leder ut i en ny krig etter krigen. På den andre siden er det farlig naivt å tro at utøvelse av makt og evnen til å inngi frykt ikke er nødvendig lenger, sa president Santos da han møtte fredsmeglere fra hele verden på Losby Gods utenfor Oslo i dag.

Presidenten understreket at det ikke fins noen militær løsning på den over femti år gamle væpnede konflikten i Colombia, men la til at «vi er fortsatt fanget i krigens logikk». Uttalelsene gjenspeiler det tvetydige budskapet som både regjeringen og Farc-geriljaen sender til landets innbyggere nå om dagen: På den ene sida forhandler de om fred i Havanna, og på den andre sida fortsetter kamphandlingene på den colombianske landsbygda.

På forumet fortalte Santos om framgangen i fredsprosessen mellom regjeringen og Farc-geriljaen, som startet i Norge høsten 2012. De bitre fiendene har klart å bli enige om tre viktige temaer: reformer på landsbygda, inkludert tilgang til jord og utviklingsprogrammer; politisk deltakelse for sektorer som har vært marginalisert; og bekjempelse av narkotikaproduksjon og –handel. Partene har etablert et underutvalg for kjønnsspørsmål i en konflikt som har rammet kvinner spesielt, og inngått en viktig avtale om minerydding.

Det siste året har partene forsøkt å komme til enighet om et svært krevende punkt knyttet til ofrenes rettigheter. Fem delegasjoner av krigsofre har vært på besøk og formidlet sine erfaringer og innspill, og partene har blitt enige om å etablere en uavhengig sannhetskommisjon som skal belyse hva som har foregått gjennom en femti år lang krig som har etterlatt seg over sju millioner ofre. De gjenstående spørsmålene går blant annet på hva slags overgangsrettferdighet som skal gjelde. Om den krevende balansen mellom partenes interesser og ofrenes rettigheter, sa Santos at det vil være aktuelt både med rettslige og utenomrettslige mekanismer, og at det kan tenkes at de som er villige til å fortelle sannheten og gi ofrene oppreisning vil få en «spesiell straffebehandling». 

På tross av Santos’ forsikringer om at ofrene står i sentrum for fredsløsningen, fortsetter stadig nye colombianere å rammes av konflikten. Da fredsprosessen startet, ble partene enige om at de skulle forhandle uten våpenhvile, noe som fra regjeringens side ble begrunnet med at geriljaen under forrige fredsprosess hadde misbrukt den demilitariserte sonen i El Caguán.

Farc-geriljaen har hele tida insistert på en bilateral våpenhvile og har selv iverksatt en ensidig våpenhvile over lengre tid som de avbrøt for noen uker siden. Etter dette har de blant annet sabotert elektrisitetnettet, noe som har etterlatt de fire byene Tumaco, Buenaventura, Florencia og Ocaña uten strøm. Det begynner å nærme seg voldsnivå som før fredsprosessen startet, skriver nett-tidsskriftet La Silla Vacía.

Forsvarsminister Juan Carlos Pinzón, som nå blir Colombias ambassadør i USA, reagerte med å si at geriljaen hadde «esel-mentalitet», siden de rammet sivile. I så fall er det flere som har samme mentalitet: Hærens dødelige bombeangrep mot Farc-geriljaen, som blant annet tok livet av en av geriljaens forhandlingsdelegater 21. mai, har skapt stor frykt og drevet hundrevis av afrocolombianere på flukt fra sine hjem, melder avisa El Espectador.

Både Santos-regjeringen og Farc-geriljaen snakker altså ett språk ved forhandlingsbordet i Havanna, mens det fortsatt er våpnenes og krigens språk som gjelder mange steder i Colombia. De forsøker å framstå som militært sterke overfor motparten, men ser ikke ut til å ta i betraktning hva slags signal de sender til Colombias innbyggere.

Mange colombianere er skeptiske til fredsprosessen. Optimismen falt fra 54 prosent i september 2012 til 29 prosent i april i år, ifølge en meningsmåling. På den ene sida står de som har kjent statens forfølgelse på kroppen og vært vitne til det utstrakte samarbeidet mellom de brutale paramilitære gruppene og sektorer innenfor de væpnede styrkene, politikken og næringslivet. På den andre sida står de som er rammet av geriljaens overgrep og fortsatt tror på tidligere president Álvaro Uribes militaristiske linje og hans ord om at det «ikke går an å forhandle med terrorister». I tillegg er det mange om opplever at fredsprosessen ikke angår dem. Partene har en stor jobb å gjøre når det gjelder å overbevise alle disse sektorene.

Likevel fins det også modige fredsaktivister. Noen av dem våget å kreve stans i krigshandlingene på en tid da denne typen utspill ble betraktet som et tegn på naivitet, unnfallenhet eller i verste fall samarbeid med «fienden». Det fins kvinneorganisasjoner som har trosset krigsaktørene med budskap om at «vi føder ikke flere barn til krigen» og lokalsamfunn som har stått opp mot alle væpnede aktører som har forsøkt å ta kontroll over territoriene deres. Disse fortjener all den støtten de kan få, både fra partene og fra det internasjonale samfunnet, som ikke kan tillate seg å vende Colombia ryggen i dette historiske øyeblikket.

Partene kan ikke skape fred i Colombia alene. Sivilsamfunnet har en sentral rolle å spille, men folk må kunne delta uten frykt for å bli drept. Ikke bare må geriljaen og de væpnede styrkene inngå en gjensidig våpenhvile så fort som mulig. De nye paramilitære gruppene, som regjeringen kaller «kriminelle bander», må også oppløses. Disse gruppene står bak en rekke trusler mot og drap på sosiale ledere, menneskerettighetsforkjempere, ofre og internt fordrevne som kjemper for jorda si. Angrepene har økt i 2015, ifølge colombianske menneskerettighetsorganisasjoner. De fleste overgrepene forblir ustraffet, noe som bekymrer FN.

En varig fred forutsetter at partene klarer å overbevise det colombianske samfunnet om at det er nødvendig å iverksette reformer på landsbygda, skape rom for politisk deltakelse fra marginaliserte grupper i samfunnet og ta et virkelig oppgjør med fortida. Sannheten må komme på bordet og ofrene må få en fullstendig oppreisning. Men første skritt er å legge krigens logikk bak seg en gang for alle.

Denne kronikken ble publisert i Dagsavisen 25. juni 2015.

Publisert i Colombia, fredsprosess, menneskerettigheter, Nyheter og politikk | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Tar nye skritt mot fred

mineoffer

Stans i luftangrep og en fersk avtale om minerydding vekker håp om at fred kan bli en realitet i Colombia.

 Colombias president Juan Manuel Santos annonserte natt til onsdag at alle luftangrep mot Farc-geriljaen blir stanset i en måned. Meldingen tyder på at en fredsavtale mellom partene er nærmere enn noensinne.

– President Santos kunngjøring om at bombing fra fly av Farc-geriljaen innstilles for en måned, er et viktig og positivt tiltak for å redusere konfliktnivået i Colombia, kommenterer utenriksminister Børge Brende til NTB.

Partene har sittet i fredsforhandlinger i over to år med tilretteleggelse fra Norge og Cuba. I desember erklærte Farc-geriljaen en ensidig våpenhvile som regjeringen anerkjenner som en fredsgest.

Som et ledd i fredsforhandlingene har partene blitt enige om en historisk avtale om å rydde antipersonellminer og andre eksplosive rester etter den væpnede konflikten med norsk hjelp.

– Norsk Folkehjelp er bedt om å lede og følge opp prosessen, sier Vanessa Finson som arbeider med minerydding i organisasjonen.

Hun forklarer at tidslinjen ikke er lagt, og at de er i dialog med partene om hvordan mineryddingen skal foregå.
Landsbygda hardt rammet

– Avtalen er en uslepen diamant. Vi må slipe den, beskytte den og sørge for at den blir satt ut i live, sier Álvaro Jiménez til Klassekampen på telefon fra Bogotá.

Han er leder for Den kolombianske kampanjen mot landminer (CCCM). Colombia regnes som et av verdens mest minelagte land. Halvparten av landets kommuner er berørt.

– Hvis man regner med de pårørende og lokalsamfunnene som rammes av frykt og forhindres i å leve livet sitt når en mine eksploderer, berører problemet 800.000 kolombianere, sier Jiménez.

Småbrukere, urfolk og afrocolombianere er blant dem som er hardest rammet.
11.800 personer er drept eller lemlestet av landminer i Colombia. 40 prosent av disse er sivile, og 10 prosent av de sivile er barn, forklarer han.

Framskritt i forhandlingene
Nettopp barna ble trukket fram av regjeringens forhandlingsleder Humberto de la Calle da partene presenterte avtalen på lørdag:

– Mitt budskap i dag er til Colombias barn, barna som bor på landsbygda. Fra og med i dag vil regjeringen og Farc-geriljaen arbeide sammen for å rydde landminer og ueksplodert ammunisjon, sa han.
Fredsforhandlingene har til nå resultert i tre delavtaler om tilgang til jord og utvikling av landsbygda, politisk deltakelse og kamp mot narkotikahandel. Siden august har partene forhandlet om det fjerde punktet på agendaen: ofrenes rettigheter.

Parallelt med dette opprettet partene en underkommisjon som begynte å diskutere punkt fem, om våpenhvile og demobilisering. Avtalen om minerydding er et resultat av kommisjonens arbeid.

– Det er tilfredsstillende at underkommisjonen, som behandler så viktige tema som en endelig, bilateral våpenhvile og våpen-nedleggelse, har begynt å gjøre framskritt, sa Farc-geriljaens forhandlingsleder Iván Márquez.

Konkret fredsgest
Farc-geriljaen og ELN-geriljaen regnes i dag som de hovedansvarlige for minene i Colombia, men også hæren og de paramilitære gruppene har plantet miner i årenes løp.
En fersk meningsmåling viser at fredsprosessen får støtte fra 72 prosent av befolkningen.

Mange kolombianere gikk i tog på søndag til støtte for fredsprosessen.
Samtidig er det en del kolombianere som til nå har følt at det som foregår ved forhandlingsbordet i Havanna er fjernt fra deres virkelighet.

Spesielt folk på landsbygda, hvor volden fortsetter, har behov for å se at løftene til forhandlingspartene faktisk kan bli en realitet.

Uten minerydding er dessuten andre punkt i fredsavtalen, som tilbakeføringen av jord til landets millioner internt fordrevne, vanskelig å gjennomføre i praksis.

– En av de sentrale kravene fra Onic til partene har lenge vært våpenhvile, påpeker seniorrådgiver Per Ranestad, som er og Latin-Amerika-ansvarlig i Norsk Folkehjelp.
Den nasjonale urfolksorganisasjonen i Colombia (Onic), en av organisasjonens samarbeidspartnere, har vært i Havanna flere ganger og gjort det klart at det er nødvendig med konkrete tiltak om folk skal tro på prosessen.
Avtalen om minerydding er et slikt tiltak som forhåpentligvis vil hjelpe den hardt prøvde befolkningen på landsbygda.

– Presset fra sosiale organisasjoner, urfolk, afrocolombianere og småbønder må ha gjort inntrykk på partene, sier Ranestad.

Denne artikkelen sto på trykk i Klassekampen 12. mars 2015.

Publisert i Colombia | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Det glemte tilbakeslaget

IMG_20150308_155419

Samfunnet er militarisert og kampen for kvinners rettigheter er satt flere tiår tilbake etter kuppet i Honduras, forteller Yadira Minero.

– Alt vi hadde oppnådd, gikk tapt i 2009, sier menneskerettighetsforkjemperen Yadira Minero til Klassekampen.

Hun kommer fra Centro de Derechos de Mujeres (CDM), en honduransk organisasjon som har arbeidet for kvinners rettigheter siden 1992.

Organisasjonen kjemper spesielt mot kjønnsrelatert vold, men arbeider også for å styrke lederskapsutdanning av kvinner, særlig innen maquila-industrien, der flertallet av de ansatte er kvinner.

Denne uka er Minero i Norge for å delta på EL&ITs landsmøte.

Vold mot kvinner

Etter kuppet mot president Manuel Zelaya 28. juni 2009 har menneskerettighetssituasjonen blitt kraftig forverret i Honduras. Straffefrihet og vold preger det honduranske samfunnet.

CDM er spesielt bekymret for omfanget av vold mot kvinner og myndighetenes manglende evne til å straffeforfølge de ansvarlige. Forrige uke tok en kollega av Minero den tunge beslutningen å flykte fra hjemlandet med barna fordi hun er truet på livet.

Hennes kamp for at den ansvarlige for drapet på Vanessa Zepeda, offer for kjønnsrelatert vold, skal bli straffet er trolig årsaken til truslene.

Zepeda var en fagorganisert sykepleier som var aktiv i motstandsbevegelsen mot kuppet. Ifølge øyenvitner ble hun kastet ut av en kjørende bil 3. februar 2010. Mannen som ble funnet skyldig, er fortsatt på frifot.

CDM har dokumentert 539 tilfeller av voldtekt, seksuelle overgrep, kjønnsrelaterte drap og andre typer vold mot kvinner i Honduras bare i 2014. Straffefriheten i denne typen drapssaker er så høy som 95 prosent, forklarer Minero.

Flere års iherdig innsats førte til at loven mot vold i hjemmet kom i 1997. Tidligere ville for eksempel en voldtekt ikke regnes som en forbrytelse om voldtektsmannen giftet seg med offeret etter overgrepet. Denne typen praksis ble forbudt med den nye loven.

I årene som fulgte tilbød CDM opplæring av politiet og rettsapparatet i kjønnsrelatert vold.

Men så kom kuppet mot president Zelaya, og arbeidet ble satt langt tilbake i tid.

Provoserende tiltak

Manuel Zelaya var fra Det liberale partiet, et av de tradisjonelle partiene i Honduras, men i den siste delen av regjeringstida beveget han seg mot venstre og nærmet seg landets sosiale bevegelser, forklarer Minero.

Ulike politiske tiltak, deriblant en 60 prosent heving av minstelønnen og et økt samarbeid med Hugo Chávez i Venezuela, fikk landets maktelite til å se rødt.

På kuppdagen ble presidentpalasset i Tegucigalpa stormet av hæren og Zelaya ble fraktet ut av landet. Parlamentet valgte inn Roberto Micheletti i hans sted.

Yadira Minero var en av rundt én million mennesker som gikk ut i gatene for å protestere mot maktovertakelsen.

Feministene fra kvinnesenteret CDM allierte seg med fagorganiserte, småbrukere, studenter, urfolk, afroamerikanere og venstreorienterte i Den nasjonale motstandsfronten FNRP.

– Et helt år tilbrakte vi i gatene, sier menneskerettighetsadvokaten.

Hun husker den første perioden som en tid preget av glede, med stor folkelig mobilisering og håp om sosiale endringer.

CDM organiserte kvinnegrupper, hvor de diskuterte den franske revolusjonen og snakket om å bygge opp et nytt «moderland».

Svekket rettssikkerhet

Samtidig ble motstandsbevegelsen slått hardt ned på. Minero forteller om massearrestasjoner og tortur, voldtekt av kvinner som ble arrestert i demonstrasjoner, og drap og forsvinninger.

– De skjøt rett inn i folkemengden under demonstrasjonene, sier hun.

Både FN og OAS har fordømt de grove menneskerettighetsbruddene og den svekkede rettssikkerheten i Honduras i kjølvannet av kuppet.

Til å begynne med var Minero selv aktiv i demonstrasjonene, men etter hvert innså hun at hun kunne gjøre mer nytte for seg som advokat om hun holdt seg litt på sidelinja og bisto dem som ble rammet av overgrepene.

I 2013 stilte Xiomara Castro de Zelaya, kona til den tidligere presidenten, som kandidat under presidentvalget for partiet Libre, som springer ut av motstandsbevegelsen.

– Hadde det ikke vært for valgfusket, hadde Libre vunnet, sier Minero.

Ifølge de offisielle resultatene vant høyresidas kandidat Juan Orlando Hernandez, men Castro de Zelaya og hennes tilhengere hevder at Hernández fusket til seg valgseieren.

Protester mot resultatet ble møtt med vold og tåregass.

– Hernández var tidligere president for kongressen, og det sies at han styrte landet derfra, sier Minero.

Hernández er utdannet advokat, har gått på en militær skole og har nære forbindelser med hæren.

Militarisering

– Institusjonene er brutt sammen, og samfunnet er militarisert. De militære styrer landet sammen med Hernández, sier Minero.

– De sitter i kommunikasjonsdepartementet, i folkeregisteret, i utdanningsdepartementet.

En ny militarisert politienhet har fått fullmakt til å arrestere og dømme folk i demonstrasjoner. De er involvert i talløse overgrep, forklarer menneskerettighetsadvokaten. I tillegg gjør militæret seg gjeldende på barneskoler og tar med seg barn til militærbataljonene for trening.

– Flere jenter har anmeldt voldtekter under trening, sier Minero.

Honduras regnes i dag som et av verdens mest voldelige land.

Denne artikkelen sto på trykk i Klassekampen 1o. mars 2015.

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

How can Latin America help Colombia to achieve peace?

Colombia_paz

A summary of discussions in two NOREF seminars held in Argentina and Chile about the Colombian peace negotiations, its challenges and how Latin America could support the process.

For the last two years the Colombian government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) have been involved in a peace process that could bring an end to 50 years of brutal armed conflict. According to official figures, 6.7 million people have fallen victim to the hostilities, which are still ongoing. Although the parties have made significant progress at the negotation table in Havana, many challenges remain related to both the still-outstanding issues on the agenda and the implementation phase if a peace accord is signed.

In what ways could Latin America – states, multilateral organisations and civil society – support Colombia in this historic venture? This was the topic of two seminars organised by NOREF in October – one together with the University of Torcuato Di Tella in Buenos Aires and the other with Fundación Chile 21 in Santiago de Chile. In order to discuss possible Latin American contributions to the peacebuilding process in Colombia, participants from the diplomatic corps, academia, the media, and civil society organisations first addressed the process and its challenges.

Provisional agreements in Havana – and polarisation in Colombia

In essence, the Colombian peace process has produced a double acknowledgment, noted Alejandro Reyes, an expert on land issues and former adviser to the Colombian government. The FARC has acknowledged the Colombian state for the first time and agreed to be a part of the country’s political system. Equally, the government has acknowledged the FARC as the spokesperson for certain social interests, principally excluded and marginalised communities. These important steps have contributed to the three provisional agreements that the negotiating parties have agreed on so far, related to rural development, political participation and drug policy. The first agreement addresses the highly unequal distribution of land in Colombia, resulting in what Reyes describes as a “moderate reformist programme”. The other agreements aim to counter political exclusion and the violent persecution of critical voices, and deal with drug trafficking as a means of financing warfare. The remaining issues on the agenda arevictims’ rights to truth, justice and reparation; a ceasefire and the laying down of arms; and the ratification, implementation and verification of the peace accord.

Two processes are under way, one in Havana and one in Colombia, commented María Jimena Duzán, a journalist from the Colombian magazine Semana. President Juan Manuel Santos was re-elected in June 2014 with 51% of the votes, and this is interpreted as a clear mandate for peace. On the other hand, a powerful sector of Colombian society rpresented by former president Álvaro Uribe and Oscar Iván Zuluaga (who received 45% of the votes in the presidential elections) opposes the negotiations with what its members consider to be “terrorists”, while the armed forces are divided on the peace process. These factors reflect the polarisation of Colombian society. In Duzán’s words, Colombia is characterised by a “culture of war”, with an elite that tries to avoid any reforms and a guerrilla army operating as an “occupation force” and using fear to dominate the inhabitants of the areas it controls. Other sectors still do not feel that the peace talks are relevant to their everyday lives. At the same time, many sectors of Colombia’s highly active and diverse civil society – including war victims – support the peace process, although they offer criticisms as well. Illegal armed groups, mainly paramilitary successor groups, still represent a serious threat in many parts of Colombia.

Transitional justice

Since July 2014 the government and the FARC have been discussing the rights of war victims. Several delegations of victims have been to Havana, where they have given testimony and contributed their reflections on and proposals for the peace process. In their discussions on victims’ rights both parties have clearly stated that they will accept responsibility for crimes committed during the conflict and that they will not exchange impunities, stated Dag Nylander, the Norwegian special envoy to the peace talks in Havana. This is an important starting point for subsequent discussions on transitional justice. Difficult compromises will be needed to reach agreements that meet international standards and safeguard the rights of victims to truth, reparation and justice.

How sincere and courageous will the negotiating parties be when it comes to taking responsibility for their acts and telling the truth about the crimes that they have committed during the conflict? How much justice and truth are the victims and Colombian society willing to sacrifice in order to achieve peace? And how far are the critics of the peace talks willing to go in order to undermine the process? These are some of the unanswered questions that continue to haunt the peace process.

Luis Maira, Chile’s ambassador at the negotiation table, described the peace process as difficult, but emphasised that both parties are deeply committed to work for peace and both expect to reach an agreement. Maira explained that at the time when the seminars were held the government and the FARC were discussing what kind of mechanisms for transitional justice would be implemented and what the jurisdiction of these mechanisms would be. While the government argues that crimes committed during the conflict must be judged by a Colombian court, the FARC suggests that an international judicial authority validated by both parties is a better option. Since the war is still in progress, the issue is whether it is reasonable for one of the parties sitting at the negotiation table (i.e. the government) to impose its jurisdiction on the other party (the FARC), explained Maira.

Transitional justice may be one of the areas where the international community will be asked to contribute. Maira added that the parties, and particularly the Colombian government, must resolve what mechanisms and institutions could solidify the implementation of the peace accord. If they opt for international cooperation, this could cover several aspects of the peace process, among them security and military cooperation, personal security and human rights issues, drug policy, and infrastructure.

Since Michelle Bachelet was returned to the presidency in March 2014, there has been a shift in the Chilean position, explained Heraldo Muñoz, Chile’s minister of foreign affairs. The country is intensifying its relationship with Latin America, focusing on regional integration through multilateral organisations in the region; the commitment to the peace process in Colombia is one example of this. Chile is determined to play a more engaged and proactive role than before. Furthermore, Chile is willing to help and share its experiences of transitional justice (both the positive and negative elements), in the understanding that each country’s experience is different and that it is Colombians themselves who must decide their own future, said Muñoz.

The minister added that any transitional justice process is difficult and that some countries need more time than others to implement such a process. In Chile it has been a long process, and human rights violations perpetrated during the dictatorship of Augusto Pinochet are still being investigated. Muñoz had been following the talks in Havana closely and was impressed by the testimony of the victims, who are able to look to the future and are prepared to forgive, although they demand that their rights be included in a future transitional justice process: “In the enormous generosity of the victims there is a glimmer of hope.”

Latin America has significant experiences to share with Colombia, both from the peace processes in Central America and transitions from dictatorships to formal democracies. The exchange of experiences in terms of human rights, impunity, truth commissions, the role of the state, the inclusion of ex-combatants, etc. is not only relevant at an intergovernmental level – Colombian civil society organisations (CSOs) could also gain considerably from the sharing of experiences with other CSOs in the region.

Adriana Benjuméa, director of the non-governmental organisation (NGO) Corporación Humanas, explained that her organisation has learned a great deal from its exchanges with sister organisations that work with sexual violence in other countries: “We see ourselves in the mirror of Central America. In Guatemala they negotiated over the bodies of the victims. That process cannot be repeated.”

Looking at the dictatorships in South America in retrospect, where early amnesties where replaced by a search for truth and justice, it is clear that impunity is not possible, particularly in terms of specific crimes like sexual violence, extrajudicial killings and kidnappings, stated Benjuméa. Corporación Humanas has also drawn lessons from Bosnia, where the international community was very involved, but where “everybody left” after the peace agreements were signed. The conclusion is that the implementation of the Colombian peace agreement should be properly monitored and that humanitarian organisations should not abandon the country before the peacebuilding process is completed.

Along the same lines, Dag Nylander noted that the signing of a peace agreement is often mistaken for the arrival of peace. The Norwegian diplomat reminded the audience that, in addition to the challenges still to be addressed at the negotiation table, the successful implementation of the agreement is critical. He explained that about 50% of all peace agreements fail within five years of their signing and that the political will to follow up on what has been agreed is an important requirement for succeessful implementation.

In the case of Guatemala, where Norway was actively involved, the peace agreement contained a broad commitment to political and social transformation towards greater democracy, equity and inclusion. Creating an inclusive peace is key to creating lasting peace, stated Nylander.

”However, key provisions have still not been implemented [in Guatemala], mainly due to a lack of political will and [the] capacity to ensure compliance.”

Disarmament, demobilisation and reintegration

The disarmament, demobilisation and reintegration (DDR) of former guerrilla soldiers constitute one of the challenges facing implementation. Will all the structures of the FARC guerrilla movement really give up the armed struggle and their involvement in drug production? How can they be reintegrated effectively into Colombian society?

Related to this, Arlene Tickner, professor of international relations at the Universidad de los Andes in Colombia, anticipated that the degree of demobilisation will depend on the extent of social changes and investments that will eventually be implemented in Colombia’s regions, particularly those where the FARC has been operating. If only limited reforms are implemented it is likely that demobilisation will be less successful, the FARC will be fragmented and that some structures will turn out to be what Tickner described as “FARC-crim” (criminal groups originating from the guerrilla movement that are similar to the so-called criminal bands that resulted from the demobilisation of Colombia’s paramilitary groups).

The laying down of arms is currently being discussed in Havana. One of the issues is that of the FARC’s weaponry, because the guerrillas are unwilling to hand their weapons over to the government. Instead, they are looking to the peace process in Northern Ireland, explained Luis Maira. As a consequence, it is possible that the international community will be asked to monitor the destruction of the FARC’s weaponry. In Northern Ireland the disposal of weapons in Irish Republican Army arms dumps took several years and the process was verified by the Independent International Commission on Decommissioning. One possibility is that the Organisation of American States will be invited to monitor the FARC’s DDR process, in the same way as the Mission to Support the Peace Process monitored the controversial demobilisation of the paramilitary coalition United Self-Defence Forces of Colombia.

Alicia Bárcena, the executive secretary of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), noted that Colombia did not ask the United Nations (UN) to mediate when the negotiations started, although the UN expressed its willingness to contribute. Bárcena understands this as a sign of maturity in Latin America, in the sense that the region is gaining autonomy and wants to manage its own affairs through regional institutions. The Union of South American Nations (UNASUUR) is one example of this process. UNASUR’s main purpose is to promote regional integration and work towards social inclusion and a strengthened democracy. Ernesto Samper, former president of Colombia and currently secretary general of UNASUR, recently underlined his willingness to help consolidate the region as a “peace zone” at a time when conflicts are raging across the globe (Telesur, 2014a). He stated that UNASUR could play an important role in the demobilisation of combatants, disarmament and reparations for victims (Telesur, 2014b).

Similarly, the heads of states and governments of the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) proclaimed Latin America and the Caribbean to be a zone of peace in January 2014. Through this proclamation CELAC declared its commitment to resolving disputes through peaceful means with the aim of forever rooting out any threat or use of force in the region and committed its members to promoting a culture of peace (CELAC, 2014). Besides UNASUR and CELAC, Mercosur and the Pacific Alliance are two other multilateral organisations that might contribute to the peacebuilding process in Colombia, noted Bárcena. Another initiative that might play a role is the New Development Bank created by the so-called BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa) (BBC, 2014).

Social reforms, and economic and political support

ECLAC has been involved in rural development in Colombia since 2013. Based on a mapping of rural poverty and social gaps, ECLAC and the Colombian government have developed a strategy for the Colombian countryside that includes pacification, rural competitiveness, a land fund, property registration and investment in infrastructure. These issues are intimately related to the agreement on land and rural development reached in Havana, the implementation of which poses tremendous challenges for Colombia.

Will the Colombian state be able to implement the political and social reforms agreed in Havana, particularly in the most neglected parts of the country where the conflict has been going on for decades? How much will these reforms cost and how will they be financed? What kind of institutions are needed? Do civil servants and regional elites have the political will to implement reforms? And how will the extremely high level of impunity be reduced, which, in the words of María Jimena Duzán, is a situation that the state has deliberately created?

In this regard, Mauricio García Villegas, reseaarcher at the NGO DeJusticia, explained that historically the Colombian state has neglected the peripheries. Unfulfilled state-building promises have characterised Colombia for 200 years. State institutions, particularly the judicial system, have been practically absent on the fringes of Colombian society, which includes 62% of the country’s territory. These abandoned and unprotected regions are inhabited by more than six million people – 14% of the population (Villegas & Restrepo, 2013: 119). “This poses an enormous challenge to the implementation of the peace accords”, concluded García.

María Victoria Llorente, director of Fundación Ideas Para la Paz, noted that the transformations provided for in the peace agreements will require new institutions and exceptional human and financial resources. This is causing concern among the business community, where people want to know what costs they are expected to bear. Significant amounts are needed in order to cover ambitious social programmes in the countryside and to provide reparation to millions of victims, among other expenditures.

Colombia’s president, Juan Manuel Santos, hopes that the international community will contribute economically through a post-conflict fund estimated to be about $45 billion (Semana, 2014b). During his tour to Europe in November he spoke to several European leaders about the fund, which he describes as a form of “Marshall plan for peace”. Santos also spoke to UN secretary general Ban Ki-moon about what the UN could offer in terms of economic cooperation and verification of the peace accord, when they met at the General Assembly in September (El País, 2014).

Apart from Germany’s Angela Merkel, European leaders have still not committed to financially aiding the process. Economic support from the European Union and U.S. has been reduced after the financial crisis in Europe and the Organisation for Economic Cooperation and Development’s classification of Colombia as a middle-income country. Colombia has a growth rate that makes it one of the most important economies in Latin America, Alicia Bárcena pointed out. She emphasised that Colombia has institutions, resources and the will to succeed, in contrast to countries where peace accords have not been successfully implemented.

On the other hand, political support from Europe, the U.S., Latin America and the UN may be of equal importance to the Colombian government as economic contributions, at least at the moment (La Silla Vacía, 2014). Political backing gives legitimacy to the negotiations and may help to isolate the powerful sectors that may attempt to undermine the peace process. Such support may also influence sceptical, doubtful or apathetic Colombians to vote for peace in an eventual referendum.

Civil society participation, threats and protection

The successful implementation of the peace process ultimately depends on the outcome for millions of Colombians who have suffered the catastrophic consequences of the conflict. How should the participation of victims, land claimants, human rights defenders and political activists be facilitated? And how can those who run the risk of threats, displacement and assassination in many regions due to their activism be effectively protected?

Both the government and the FARC understand that victims and other sectors of civil society will have to participate actively if the peacebuilding process is to succeed. This idea is reflected in High Commissioner for Peace Sergio Jaramillo’s thesis about “territorial peace”. Jaramillo calls for peacebuilding from the ground up, supported by communities’ strength and capacity for organisation. The joint construction of peace requires opening Colombia’s regions up to “new spaces for participation, debate and peaceful democratic deliberation among authorities, communities, victims, farmers, ranchers, entrepreneurs, tradesmen and also reintegrated ex-combatants” (Jaramillo, 2013).

Adriana Benjuméa criticised the limited participation of women in the peace process and emphasised that the peace accords should reflect and be applicable to the particular reality of the territories affected by the conflict. She noted that Colombia needs a peace pedagogy. Linked to this, Yanette Bautista, a war victim and director of the human rights organisation Fundación Nydia Erika Bautista, stated that war victims are ready to assume the role of “peace ambassadors”. She was selected to participate in the first delegation of victims that travelled to Cuba to meet the negotiating parties, giving their testimonies and offering their own analysis, critical remarks and proposals. Members of the two first delegations have proposed a participatory regional and national process in favour of peace (Commission for National Reconciliation, 2014). Their intention is to travel to the various regions of Colombia, socialise their experiences, share their proposals and promote approval of the peace agreement – in the event of its being signed (Las2Orillas, 2014).

The Colombian public is very sceptical, Bautista noted, pointing out that six million votes were cast in the recent elections that could be interpreted as being against the peace process. “We need to make those six million fall in love with peace.”3 However, after her return from Cuba, Bautista has been falsely accused by former president Uribe of being a guerrilla soldier and has received death threats because of her demands for truth and justice. In a reaction to the series of death threats against victims who have been to Havana, the fourth delegation of victims demanded security guarantees from the Colombian state in November 2014 (Semana, 2014a). Human rights organisations continue to document killings, death threats and new incidents of forced displacement targeting viictims, land claimants, human rights defenders and political activists. Many of those targeted are displaced Colombians who are reclaiming property through the Victims Law, which was enacted by President Santos in 2011 to restore millions of hectares of stolen and abandoned land to its owners (Human Rights Watch, 2013).

Over five million persons people have been displaced by the conflict, and many want to return home. However, only a small number of land claimants have been able to return to their land, explained José Miguel Vivanco, Americas director at Human Rights Watch. While 1,500 families have been granted land titles, only three families have actually returned to live on their land as a result of rulings under the Victims Law, Vivanco emphasised. Meaningful protection will require holding the attackers accountable and breaking the grip paramilitary successor groups still have in areas to which displaced families are trying to return (Human Rights Watch, 2013).

International support for the voice of the victims is important in order to motivate the parties to include the victims’ point of view in the peace accord, said Bautista, and suggested that the international community could support the victims’ initiative to be peace ambassadors. An international presence and international support in the most war-struck and neglected regions of the country could contribute both to protecting vulnerable victims, human rights defenders and others and rebuilding a climate of trust.

Closing remarks

At a time when the world is full of conflicts and wars, Colombia’s peace process gives hope to those who envision Latin America as a peaceful region. However, the process has powerful enemies, and it is crucial that the international community – including governments, multilateral organisations and civil society – does not turn its back on Colombia in this historic moment. There is a fundamental need to support Colombia politically and decide, together with the Colombians, how to contribute to the peacebuilding process in the event of a peace accord being signed.

Latin America has much to offer because of its experiences with transitional justice, while the shift towards increased regional integration, with a commitment to conflict resolution, further democratisation and social inclusion, creates a supportive environment. However, the challenges are many and the implementation of a peace agreement will require many years of dedicated effort.

Creating an inclusive peace is the key to lasting peace. This implies providing support to CSOs who are ddetermined to play an active role in the peacebuilding process and whose members are willing to risk their lives in the search for truth, justice, land rights and social reforms. Their experiences and proposals must be constantly taken into account, and initiatives related to a peace pedagogy undertaken by victims and other sectors of civil society should be encouraged, because they may contribute both to a better understanding of the past and to the building of hope for the future. Civil society’s views must also be consulted on the issues of foreign investment in Colombia’s war-torn regions and security measures aimed at protecting communities and activists.

This article was published by Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF) on January 14th, 2015

References

BBC. 2014. “Brics nations to create $100bn development bank.” July 15th.

CELAC (Community of Latin American and Caribbean States). 2014. Proclamation of Latin America and the Caribbean as a Zone of Peace. January 29th.

Commission for National Reconciliation. 2014. “Comunicado conjunto.” October 10th.

El País. 2014. “Santos busca concretar el apoyo de la ONU al proceso de paz colombiano.” September 23rd.

Human Rights Watch. 2013. “Colombia: victims face reprisals for reclaiming land.” September 17th.

Jaramillo, Sergio. 2013. “Transition in Colombia.” May 9th.

Las2Orillas. 2014. “Las víctimas, puente entre La Habana y Colombia.” October 28th.

La Silla Vacía. 2014. “La gira europea de Santos: más política que de plata.” November 4th.

Semana. 2014a. “Víctimas denuncian amenazas de las bacrim.” November 2nd.

Semana. 2014b. “España da su apoyo al proceso de paz.” November 3rd.

Telesur. 2014a. “New UNASUR secretary general vows Latin American ‘peace zone’.” September 12th.

Telesur. 2014b. “Unasur busca participar en el proceso de paz de Colomba.” September 18th.

Villegas, M. G. & J. R. E. Restrepo. 2013. El derecho al estado: los efectos legales del apartheid institucional en Colombia. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.

Publisert i Ukategorisert | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

La otra voz en la Universidad de Sucre

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Ana Paola Romero, una antigua dirigente estudiantil que tuvo que desplazarse a Bogotá por amenazas, ha retornado a su tierra para desafiar el poder de Yahir Acuña en la Universidad de Sucre. El miércoles 3 de diciembre se lanza como representante de estudiantes egresados ante el Consejo Superior de la Universidad.  

En Sucre el controvertido ex congresista Yahir Acuña aspira a ser elegido gobernador a pesar de que la Corte Suprema lo está investigando por vínculos con grupos paramilitares. Uno de los candidatos fuertes al Consejo Superior es considerado la ficha de Acuña y se rumora que está involucrado en compra de votos, según La Silla Vacía. Ana Paola Romero, quien se lanza al consejo junto con Jorge Navarro, es uno de sus competidores. Romero es una bióloga que ha combinado la academia con la lucha estudiantil. Su labor en defensa de los derechos humanos en la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU) la llevó a Noruega para recibir el Premio Estudiantil de la Paz en 2005. El premio es otorgado en el Festival Internacional de Estudiantes en Trondheim (ISFiT) cada dos años a un estudiante o una organización estudiantil que ha hecho una contribución significativa a la creación de la paz y la promoción de los derechos humanos.

– Fuiste a Noruega en 2005 para recibir el Premio Estudiantil de Paz en nombre de la ACEU. Qué significó para ti y para ACEU ese reconocimiento?

– Sabía que era un gran reconocimiento al trabajo de muchos años de la ACEU, sin embargo no dimensionaba la importancia que podía tener para mi vida. Ese premio se convirtió medianamente en una armadura que me permitió y me sigue permitiendo denunciar públicamente la situación en materia de derechos humanos en Sucre, cuyas dinámicas político-mafiosas son más comunes de lo que a nivel nacional se sabe.

Cómo fue el retorno a Colombia y a tu departmento, Sucre? 

– A mi regreso hubo un despliegue periodístico a nivel local, pero más que todo porque alguien de un pueblo anacrónico como este había ido a un lugar tan lejano. A la sociedad de Sincelejo le llamaba más la atención que habia ido a otro país, que habia un reconocimiento, pero no les interesaba saber de qué o porqué.

Puedes describir la situación para estudiantes, defensores de derechos humanos y líderes sociales en la región?

– Por parte de estudiantes, defensores y sectores sociales, el premio fue una motivación para continuar en la denuncia. Sabíamos que la gente de lejos por lo menos conocía que Sucre existía. En 2006 todo se recrudeció. Recibo amenazas y debo abandonar estudios y familia, regreso ese mismo año y termino mis estudios con la advertencia de un muy bajo perfil, me voy nuevamente y en 2012 regreso a trabajar como auxiliar de laboratorio de la Universidad de Sucre (UdeS). Luego de esa salida hubo un éxodo de estudiantes y defensores de DDHH hacia la capital debido a las continuas amenazas: Tatiana Niebles (ACEU), Hector Orjuela y Jorge Romero(FUN), Jorge y Carlos Navarro (Juventudes del partido liberal) tuvimos conocimiento de listas en las que se solicitaba que se colocara un muerto en la Univerisdad de Sucre porque ya estábamos muy alzaditos.

– La situación de riesgo te obligó a irte de tu tierra. Háblame de lo que pasó y cómo lo viviste. 

– En 2005, luego de regresar de Venezuela (Festival internacional de la juventud y los estudiantes) y exponer el trabajo que nos llevó a obtener la nominación en ISFIT, encontramos la universidad llena de afiches que decían «muerte a chavistas en Sucre» y «fuera chavistas de Sucre». Al año siguiente, apresaron a 2 estudiantes de ingeniería agrícola, haciéndolos pasar por guerrilleros. Cuando estábamos en la recolección de pruebas para demostrar la inocencia de los estudiantes, empezamos a recibir llamadas de que en la noche nos iban a sacar de la casa y a matar, así que lo mejor era que nos fuéramos bien lejos. Horrible. Me tomó muchos años perdonar y entender la mezquindad de algunos.

-Sucre ha sido uno de los peores departamentos en cuanto a las alianzas entre políticos y grupos paramilitares. Después de la desmovilización paramilitar y la condena de personajes como el senador García y el goberndor Salvador Arana, ya se acabó? O cuál es la situción actual?

– Acá los roles se heredan. O como llaman acá «gobiernos en cuerpo ajeno». Así de sencillo, ellos siguen manejando este departamento a su antojo. Yahir Acuña está promoviendo una candidatura  en la U a la que estamos haciendo oposición y a su vez tiene aspiraciones a la gobernación de Sucre, razón por la que renunció a su curul de representante a la Cámara. Actualmente vive en la casa que era de Salvador Arana, ex gobernador de Sucre condenado a 40 años por parapolítica y por el asesinato de Tito Díaz. Dice que la compró, pero quién en este pueblo compra de la noche a la mañana una casa de 750 millones de pesos?

– Esta situación, cómo afecta la vida de los estudiantes y egresados?

– En Sucre, el 90 % de los empleos están relacionados al sector público, lo que hace que cada periodo electoral, incluso votaciones internas de la U, los caciques políticos le exijan a su gente la votación hacia donde ellos la dirijan. Y la gente no quiere poner en riesgo su garantía de comida, vestido y demás necesidades. Ellos creen que porque han alcanzado dinero pueden comprar a todos, me indigna eso…

Qué está en juego en Sucre ahora y por qué es importante la Universidad?

– El año próximo se celebran dos elecciones muy importantes en Sucre; las elecciones locales (Gobernación, Alcaldía, Consejo, Asamblea) y la elección del nuevo rector de la Universidad de Sucre, por eso el voto del representante de los egresados tiene relevacia ya que es un voto que podría definir quien sería el nuevo rector que manejaría el tercer patrimonio fiscal del departamento de Sucre y a su vez es uno de los cargos con el que quien ostenta el poder puede negociar.

– Porqué has decidido lanzarte como representante de estudiantes egresados en el Consejo Superior de la Universidad?

– En 2012, con otros amigos, creamos la asociación de biólogos egresados de la Universidad de Sucre. A partir de allí todos los eventos que organizábamos eran saboteados: Se llevaban a la gente con pretextos, en redes sociales movían las fechas de nuestros eventos, e incluso le pagaban a personas para que lograran una cita conmigo (hablo de los sectores corruptos de Yahir Acuña en la universidad) ya que querían que trabajara para ellos en una campaña a egresados. Al terminar el año decido irme porque me dí cuenta que nada hacía si no tenía un fuero que me permitiera dar una lucha más frentera. Cuando abren la nueva convocatoria, hay un panorama diferente. Los jovencitos de la FUN habían logrado lo que nosotros no pudimos y que fue arrebatarle a los corruptos la representación de los estudiantes ante el consejo superior después de 12 años. En Bogotá estamos la mayoría de los egresados que pertenecimos al movimiento estudiantil, ya que un empleo en Sucre era estar a expensas de que Yahir y su combo te sobornaran o te echaran del trabajo.

En el marco de esto nos animamos a participar apoyados de los estudiantes y algunos sectores sociales, ya que vimos esta campaña como el espacio en el que podíamos por lo menos recordarle a la gente lo que ha pasado en esta década. Sabes? Lo chistoso de esto es que ahora ellos sacan comunicados donde dicen que nosotros venimos con acento rolo a querer tomarnos la universidad, cuando una de las razones por las que no estamos en nuestra tierra es por la falta de garantías hacia nuestro accionar como profesionales y realmente por el miedo, ya que somos conscientes que callados nunca nos vamos a quedar y para estar aquí parecería que la regla es estar calladitos y sonrientes y para esas hipocrecias no sirvo yo.

– Si sales elegida, cuál sería tu papel y qué quisieras cambiar? 

Hace poco me enteré que la asociación de ganaderos de Sucre no tenía conocimiento de que la UdeSucre llevaba mas de 20 años formando zootecnistas, ves? Mis compañeros biólogos formados como científicos, trabajan en el comercio temporal, mototaxis, vendedores de chance, los que tienen mas suerte ganan el concurso docente y se van a regiones apartadas a dictar clases. Y solo unos poco pueden acceder a los proyectos de Colciencias. Es como si la universidad te abortara a la sociedad. Cuando fui trabajadora de la universidad, siendo profesional, estaba como auxiliar de laboratorios! Es decir, la misma universidad que te forma como profesional, te contrata como técnico y te explota como auxiliar! Cómo la ves? En ese sentido creo que es necesario impulsar una política de proyección del egresado en Sucre, para que así tenga con qué devolver a la universidad y a la sociedad y logre su independencia mental.

Por qué es importante la solidaridad internacional?
Sucre lleva mucho tiempo invisibilizado. Aunque hay cosas que se han logrado denunciar, no abarca ni el 5% de las dinámicas tan sui generis de este pueblo. Si bien a nivel nacional cada departamento tiene su doliente, los representantes de este en particular defienden sus sectores como la ganadería, la minería, sus negocios. Somos una finca grande cuyo patrón está bien con el administrador nacional de este territorio, es así que con la observación y solidaridad internacional pretendemos que muchos ojos vean y muchas bocas digan:

«Es que eso que ustedes ven normal no lo es. Lo que está ocurriendo en Sucre es grave. Gobierno nacional; tome cartas en el asunto o es que se hace el de la vista gorda?»

 Que vean cómo es que vive Sucre después de la desmovilización del bloque de las autodefensas de los Montes de María y se analice su dinámica social. Somos un ejemplo de una sociedad que vive después de una falsa desmovilización, de un falso acuerdo de paz. Es importante entender que mientras no se solucionen los problemas de fondo en esta sociedad, el dejamiento de armas no es garantía de paz.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Publisert i Ukategorisert | Merket med , , , | 2 kommentarer