Movilización de víctimas contra la Seguridad Democrática

Blanca Nubia Monroy en el parque Santander (foto: Ana Paola Romero)

Víctimas se movilizaron el sábado contra las violaciones a los derechos humanos que se han llevado a cabo en el marco de la política bandera del presidente Uribe.

“Las víctimas no aceptamos ningún compromiso con la política de Seguridad Democrática porque con esa política han asesinado a miles de jóvenes en Colombia,” afirmó Iván Cepeda Castro, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) e hijo de Manuel Cepeda, Senador de la República asesinado por militares y paramilitares en 1994. El ahora candidato a la Cámara de Representantes prometió hacer un esfuerzo por “llevar ante tribunales nacionales e internacionales al principal responsable de esa
política, Álvaro Uribe Vélez”.

Víctimas y defensores de derechos humanos se reunieron el 6 de marzo en plazas públicas de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Pereira y Villavicencio “por la vida y contra la reelección de la seguridad democrática y la impunidad”. El Movice llamó a los diferentes precandidatos presidenciales a distanciarse públicamente de la política de Seguridad Democrática, y a comprometerse en “una política que propicie la verdad, la justicia, la reparación integral y la paz con justicia”. En el parque Santander, en el centro de Bogotá, el Movice buscó sensibilizar a la opinión pública a través de hip-hop, performance ‘galería de memoria’ y charlas. Madres de las víctimas de los llamados ‘falsos positivos’ en Soacha se pintaron las caras de blanco e hicieron un performance para recordar sus hijos.

“Hoy nos encontramos acá porque se está celebrando el día de las víctimas en Colombia – víctimas de crímenes de Estado, de lesa humanidad – un día bastante importante para nosotras”, cuenta Blanca Nubia Monroy. Ella es madre de Julián Oviedo, quien fue desaparecido el 3 de marzo de 2008 en Soacha, llevado a Ocaña, torturado y asesinado, y posteriormente presentado ante la opinión pública como un guerrillero muerto en combate.

Los casos de los jóvenes de Soacha desencadenaron el escándalo de los ‘falsos positivos’ en octubre del 2008. Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, visitó a Colombia en junio de 2009. En su declaración tras la misión afirmó que «las cantidades de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas, indican que estas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército».

Hay 1.356 casos asignados de homicidios atribuidos a la Fuerza Pública, según las cifras actualizadas de La Unidad de Derechos Humanos de la Físcalía General de la Nación. Estos casos involucran 2.318 víctimas, distribuidas así: 2.075 hombres, 118 mujeres y 125 mmenores de edad. Ricardo García, asesor de jefatura de la Unidad, aclara que hasta terminar las investigaciones no se puede decir con seguridad si todos realmente hayan sido homicidios. De los 109 casos que han llegado a la etapa de juicio, los sindicados han sido declarados culpables en 42. En dos, la conclusión es que realmente hubo un combate, mientras que los asesinatos de los jóvenes de Soacha están en audiencias, y pronto llegan a la acusación; esto incluye los casos donde los militares salieron en libertad por vencimiento de términos.

García afirma que las cifras que él presenta no pueden ser entendidas como un fiel reflejo de la realidad del país. Aparte de que puede haber casos de muertes en combates, la Fiscalía también asume que algunos no han sido reportados, y otros todavía están en la Justicia Penal Militar. Además, la Fiscalía no tiene todos los casos en la misma unidad y las estadísticas no están centralizadas, – sino que La Dirección Nacional de la Fiscalía tiene unas investigaciones aparte. La Unidad de Derechos Humanos se dedica a los que son considerados “de mayor gravedad, donde está muy evidente la situación”, según el asesor. No tiene la capacidad de asumir todas las investigaciones.

A pesar de las dudas sobre las cifras exactas, es un hecho que este fenómeno contrasta enormemente con las intenciones de la política de Seguridad Democrática, formuladas por el presidente Alvaro Uribe Vélez, como “buscar poner freno a la violencia y profundizar el ejercicio de las garantías ciudadanas, de los derechos humanos y de las libertades públicas”. Mientras que la mayoría de los candidatos a la Presidencia de la República hoy aspiran a dar continuidad a la política de Seguridad Democrática, los familiares de los falsos positivos tienen sus dudas sobre esta política.

“Esto le deja a uno con mucha desconfianza hacia todo el mundo”, afirma Blanca Nubia Monroy. “Yo fui una de las que le dieron el voto al señor Uribe cuando la primera reelección. Nosotros somos reubicados, nos dio el subsidio de vivienda, entonces yo me sentía muy agradecida porque tenía mi casita gracias a él. Pero ahorita con lo que pasó con mi hijo, la verdad yo no creo que le vaya a dar mi voto a ninguno. Hay muchos que dicen que el Presidente está involucrado. Yo no pudiera decir si está involucrado o no. Pero de todas maneras, hay mucha desconfianza…”.

Esta desconfianza también está relacionada con intimidaciones y amenazas que han sufrido varios de los familiares de las víctimas de Soacha. Monroy afirma que  no se sabe bien de dónde vienen las amenazas: “En este momento, uno tiene que desconfiar de todos.  Si no son paramilitares, son del Ejército; – si no son del Ejército, pueden ser de la Polícia, entonces ellos están ahí en conjunto”.

Las amenazas han tocado de cerca a Liz Carolain Porras, quien emocionó el público en la plaza de Santander con un rap dedicado a su hermano Fair Leonardo Porras. El tenía 26
años cuando desapareció pero, como dice su hermana, neurológicamente tenía sólo 9 años como consecuencia de una meningitis. El sueño de Fair Leonardo era ser militar, pero no lo dejaron ingresar a las filas del Ejército por su discapacidad. Fue reclutado por alguien de la Fuerza Pública y llevado a Ocaña, donde fue asesinado y presentado como cabecilla de las Águilas Negras, cuenta Liz Carolain.

“Nosotros hemos recibido 6 amenazas en mi familia. Otra mamá no recibió una amenaza escrita, sino que cuando salió, tenía colgada una correa militar en la puerta, con un reguero de puntillas por todos lados. Son amenazas que sí le dan a uno temor, pero de igual forma estamos dispuestos a luchar, así nos toque dar la vida por esto”. Le pregunto a Luz Carolain Porras si ella opina que los ‘falsos positivos’ son casos aislados, o algo más sistemático. Dice sobre los soldados que cometieron los asesinatos:

“Para ellos poderse guiar e ir a asesinar a todos esos muchachos, tuvieron que tener
alguien de mando. No fueron ellos solos”.

Eduardo Carreño, vocero del Movice y abogado del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, va más allá: Relaciona la práctica con la resolucion 29 del Ministerio de Defensa sobre las recompensas, y afirma que “obedecía a una política desde el alto Gobierno y del Ministerio de Defensa para que se produjera resultados, lo que llaman los ‘falsos positivos’”.

Para terminar, le pregunto a Blanca Nubia Monroy qué diría si pudiera dar un mensaje a los candidatos presidenciales?

“Yo les diría a ellos que jugaran con honestidad. Que respetaran las vidas de los seres humanos, que respetaran la vida de las personas pobres. Porque no por el hecho que nosotros seamos de bajos recursos económicos, tengan porqué ir al barrio, recoger los muchachos, asesinarlos y hacerles pasar como lo hicieron pasar a estos muchachos. Ojalá que la persona que vaya a coger la Presidencia sea una persona honesta, y que piense en la gente de bajos recursos económicos”.

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Om Kristina Johansen

Frilansskribent, sosialantropolog og forfatter av boka "Frykten har et ansikt". Periodista independiente y antropóloga social. Autora del libro "Frykten har et ansikt" (El miedo tiene un rostro). Freelance writer and social anthropologist. Author of the book "Frykten har et ansikt" (Fear has a face).
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