La lucha por la tierra y la dignidad: La historia de un sobreviviente

Alejo Suárez (foto: Kristina Johansen)

Hace exactamente 40 años empezaron las grandes recuperaciones de tierras en Colombia. «Creo que ese auge de la lucha por la tierra puso de presente la capacidad de resolución pacífica de los conflictos», afirma Alejo Suárez, uno de los campesinos que lideraron la lucha.

El 21 de febrero de 1971, miles de campesinos participaron en cientos de tomas de tierras alrededor de toda Colombia. La costa atlántica, y particularmente Los Montes de María, fue el epicentro de esta lucha. Los campesinos, organizados en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), escogieron el mes de febrero para realizarlas, porque es cuando se tumba el monte para poder cosechar en abril. El objetivo era hacer uso de la tierra no cultivada para dar solución a las necesidades de los campesinos.

“Se comenzaba a tomar posesión real de la tierra con tumba de monte, quema, siembra de cultivo y preparada de vivienda,” cuenta Alejo Suárez, uno de los líderes de esta movilización histórica de los campesinos colombianos. En las tomas participaban todos: Hombres y mujeres, niños y mayores. “Eso era una cosa absolutamente comunitaria”, asegura con una sonrisa. Habla pausadamente, con la firmeza de quien lleva varias décadas en la lucha social. Como buen costeño es jocoso, pero la sonrisa a veces se torna triste. “Uno sonríe, porque uno ha aprendido a reírse de las dificultades. Pero la cosa ha sido pesada, pesada, pesada…”

El surgimiento de la ANUC

Alejo Suárez nació en 1944 en Palmito, Sucre, donde la sabana empieza a subir hacia los Montes de María. Crecer en una familia campesina implicaba trabajar desde muy niño junto con su padre en la hacienda de Aníbal Olmos, uno de los terratenientes de Sucre. Tuvo diez hermanos, de los cuales sólo alcanzó a conocer cuatro. Los otros murieron debido a picaduras de culebras y enfermedades. El sistema de salud era inexistente y había mucha escasez material. A pesar de eso, Alejo fue criado en un ambiente de libertad. Y en medio de la pobreza, que a veces no les permitía comer más que una vez al día, siempre había espacio en la mesa. “En mi casa comíamos 22 a 24 personas. Mi mamá crió 8 sobrinos  y a eso se agregaban visitantes, vecinos. E so es muy frecuente en la costa. Tú llegas y a donde llegas te brindan comida.”

El padre lo afilió al sindicato de los agricultores en el pueblo. Fue elegido para asistir a un curso de liderazgo sindical en Cartagena dictado porla Unión de Trabajadores de Bolívar (Utrabol) a mediados de los años 60 y regresó a Palmitos para reproducir lo que había aprendido. Montó una escuela en la finca el Recreo, propiedad de los Olmos, con apoyo del padre jesuita Salazar. “Desarrollábamos un trabajo asociativo. Yo creo que fue un retomar de la cultura colectiva de las comunidades indígenas”.

Gracias a un convenio entre el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) y el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas – Centro Interamericano de Reforma Agraria (IIca Cira) llegaron muchos jóvenes a Los Montes de María para realizar un trabajo de investigación y formación, inspirados en la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Muchos estaban relacionados con diversas corrientes de izquierda. “Ellos fueron pioneros en el despertar crítico de esas comunidades campesinas que fuimos dándonos cuenta de que los niveles de miseria en que vivíamos no eran producto de la voluntad de un ser superior, sino de la mano del hombre.”

En toda Latinoamérica la problemática agraria jugó un papel importante en los años 60 y 70. Para prevenir la expansión de la revolución cubana, Estados Unidos impulsó reformas sociales y económicas a través de la Alianza para el Progreso, que promovía la reforma agraria. Muchos países latinoamericanos siguieron el modelo. En Colombia fue retomado por el presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970). “No habrá reforma agraria si el campesinado y sus organizaciones de usuarios no la imponen”, aseguró al crear la ANUC en Sincelejo en 1968.

Diálogo y confrontación

“La reforma agraria era un discurso vacío”, asegura Alejo Suárez. “Hablabas de la reforma agraria, pero no había ningún proceso de redistribución de la tierra. Hablabas de facilidades de créditos, pero ¿a quién le ibas a dar créditos, si no tenías tierra para producir?”. Los campesinos en la ANUC, al ver que no se dieron los avances que esperaban, decidieron iniciar un proceso de toma de tierras. Duraron 6 meses planeando estas tomas – o recuperaciones, como las llamaba la ANUC, porque consideraban que la tierra había pertenecido a sus antepasados.

Normalmente se iniciaba por las madrugadas. Un grupo de familias, que podían ser entre 30 y 100, se dirigió a una finca escogida a trabajar. Después de 3 a 5 días de tumba de monte, quema y siembra de cultivo, solía aparecer el propietario de la finca o la Policía a desalojarlos. “¿Quién es el líder?”, preguntaban. “El líder somos todos. El líder es el hambre”, respondían los campesinos. A la hora de llegar la policía, la estrategia de la ANUC era ubicar al comandante y conversar con él de una manera respetuosa. Para evitar agresiones, generalmente iban mujeres en el grupo de diálogo. Sabían que las autoridades difícilmente les agredirían a ellas.

“Llegaban unos policías que tenían una posición dialogante, entonces se les convencía de que era un problema de la necesidad, que se requería de un pedazo de tierra, que ellos también eran hijos de campesinos, y que los papás de ellos también necesitaban un pedazo de tierra”,recuerda Alejo. Muchos de los policías terminaban sugiriendo una solución: “Miren, nosotros tenemos que cumplir una orden de desalojo. Entonces, ustedes sálganse. Nosotros informamos que ustedes se salieron, y dentro de una hora se vuelven a meter otra vez. O se meten mañana”.

Hubo otros momentos en los que la fuerza pública tuvo una actitud más agresiva. En esos casos, los campesinos solían rodear al comandante con la rula – el machete –  en la mano. Alejo afirma que hubo muchos forcejeos y situaciones en las cuales se llevaban a los campesinos detenidos, pero normalmente fueron dejados en libertad después de 3 días. Después de un determinado tiempo se solía llegar a la negociación con el propietario, que muchas veces accedía a vender la tierra al Estado, a través de la mediación del Incora. 102.530 hectáreas fueron distribuidas por Incora en Sucre entre 1968 y 1995, según el Grupo de Memoria Histórica de CNRR.

“Hablábamos de toma de la tierra, de la recuperación de la tierra y la expropiación de la tierra. Pero generalmente las argumentaciones terminaban en la negociación”.Para Alejo Suárez, esto es el principal aprendizaje de todo el proceso: La participación activa de los campesinos y su capacidad de de concertación, negociación y  resolución de los conflictos. “Creo que ese auge de la lucha por la tierra puso de presente la capacidad de resolución pacífica de los conflictos, a pesar de los 5 muertos y los 10 heridos que hubo.”

Además hubo una ruptura fuerte con el dominio que los terratenientes ejercían sobre los campesinos. Alejo recuerda que los campesinos, cuando se dirigían a los dueños de las fincas, solían tener el sombrero atrás de la espalda y no los miraban de frente. Los campesinos eran objetos de toda clase de abusos, desde abusos sexuales, hasta la compra de niñas, hasta el irrespeto en las corralejas, donde los terratenientes tiraban billetes al ruedo para que los campesinos se lanzaran a recogerlos, con el riesgo de que los toros los mataran. “Todo eso se rompió. Permitió que esos campesinos comenzaran a tener una relación de iguales con las personas que eran las poseedoras de los bienes materiales de esa región. Recuperaron un elemento que yo creo que es esencial dentro de las relaciones humanas: La dignidad”.

La retaliación

Sin embargo, la violencia estaba latente, y se sentía en las recuperaciones más difíciles, como en la finca de la Mula. Esta finca, ubicada entre Ovejas y Palmitos, tenía pista aérea y sistema de riego y era de los García, una de las familias más pudientes de Sucre. La ANUC movilizó una gran cantidad de campesinos. 500 de ellos fueron víctimas de una detención masiva. Fueron detenidos por 8 días en la plaza de toros en Sincelejo y sufrieron maltratos, cuenta Alejo Suárez. Pero la ocupación continuó y en medio de una asamblea regresó la Policía. “Y ahí sí llegaron disparando. Hubo 2 muertes y 3 heridos. Nosotros siempre respondíamos a ese tipo de agresiones con movilizaciones departamentales. Entonces, iban 10 o 20 mil campesinos a protestar contra la agresión”.

Al final, los García se sentaron a negociar la finca con la ANUC. Incora adjudicó 902 hectáreas de la Mula a 96 familias, pero los propietarios demandaron y el pleito duró 17 años, según Verdad Abierta. Finalmente los propietarios entregaron la tierra. Pero muchos de los beneficiarios fueron asesinados y otros abandonaron la tierra. De las 96 familias originarias de la adjudicación de la Mula, hoy sólo quedan unas 20.

“Creo que toda la violencia que se generó en esa región contra las comunidades campesinas fue una retaliación de las élites terratenientes por la actitud de desafiar el control ideológico, político, social y  económico que ejercían sobre ellas”, afirma Alejo Suárez.

La política de reforma agraria promovida por Lleras Restrepo fue reemplazada por una serie de políticas que abrieron paso a la llamada contrarreforma agraria. Primero se firmó el Pacto de Chicoral, enfocado en la explotación agropecuaria moderna y de gran escala. El programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI) dio prioridad a la asistencia técnica sobre la distribución de la tierra. Con la falta de créditos de fomento, muchas empresas comunitarias, que se habían establecido con la adjudicación de tierras, se fragmentaron. Muchos campesinos terminaron vendiendo o abandonando sus parcelas. La ANUC se dividió en dos – en una línea afín al Gobierno (Armenia) y otra línea más de izquierda (Sincelejo). También hubo muchas divisiones internas en los partidos y movimientos de izquierda.

Esto se complementó con la expedición del Estatuto de Seguridad en 1978, al inicio del gobierno de Julio César Turbay Ayala. El Estatuto fue utilizado para perseguir no sólo las organizaciones campesinas, sino también organizaciones políticas, sindicales, indígenas, magisteriales y estudiantiles. Se ha denunciado el uso sistemático de la tortura, además de las desapariciones y los asesinatos que tuvieron lugar durante este periodo.

“Cuando se creó el Estatuto de seguridad, se comenzó a asesinar selectivamente a los líderes sociales, y buscaban un resultado específico: Debilitar la capacidad de movilización y acción de la organización campesina”, afirma Alejo Suárez. El dirigente campesino empezó a sentir la persecución en carne propia en esa época. En 1978 detuvieron a 16 compañeros de la comunidad donde Alejo trabajaba. Él no se encontraba el día de la detención, pero los compañeros fueron llevados a la base de la Armada Nacional en Coveñas. “Allá los torturaron de manera brutal. Destruyeron toda la dignidad de esas personas. Y yo me había salvado de casualidad”.

Alejo tuvo que abandonar su tierra en 1986, después militar en la ANUC por más de 10 años y luego dedicarse la construcción de un movimiento político de izquierda, A Luchar. “Se me cerraron los espacios en el departamento de Sucre. Cerrado es cerrado. En 6 meses me detuvieron 4 veces. Y en un consejo de seguridad en Sincelejo tomaron la decisión de asesinarme”.

El Gobernador había participado en esa decisión, según le dijo el presidente de la Asamblea Departamental, un amigo de la infancia que posteriormente fue asesinado. Alejo tomó en serio el aviso, porque no fue la primera vez que lo escuchó: “Ya me habían advertido en una de las detenciones que me habían hecho, que me iban a asesinar”.En un operativo conjunto entre el DAS, la Sijin y el Ejército allanaron la casa de Alejo Suárez en Palmito. Amenazaron a sus hijos, su mujer y sus hermanos, intentaron asesinar a su hermana y allanaron las casas de los vecinos.

“Y aquí estoy, en Bogotá, con el cuerpo acá y la cabeza allá, pensando en cómo recupero mi parcela. Me asesinaron a un cuñado, me asesinaron a un compañero que vivió en mi casa todo el tiempo. Todo eso me hacía entender que era un mensaje para mí…”.

Según Gonzalo Sánchez, el director del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), la criminalización de la protesta agraria rápidamente se convirtió en un discurso legitimador de la arremetida paramilitar, la cual combinó asesinatos selectivos de líderes sociales con masacres. Los Montes de María se convirtieron en una de las regiones más golpeadas por la violencia en Colombia. En palabras del historiador:

En esa zona– y no por azar- se incubóel proyecto político-militar de captura regional del Estado y deconfiguración de una base social sumisa que incluía de paso eldesmantelamiento de la organización campesina y la reversión delas parcelaciones realizadas desde los años sesenta. Ese proyecto«refundador» se convirtió también en punta de lanza de uno delos grandes monstruos de la violencia contemporánea del país, elparamilitarismo, y su expresión política, la parapolítica”.

Gonzalo Sánchez señala que dos procesos obstaculizaron las luchas democráticas por la tierra. Por un lado el autoritarismo estatal, y por otro lado la pretensión de las guerrillas de suplantar o subordinar a sus lógicas el movimiento campesino.

Alfredo Molano, escritor y conocedor de la problemática de la tierra, señala que la guerrilla fue fortalecida como consecuencia de la represión contra los líderes campesinos, porque algunos de ellos optaron por ir a la guerrilla. Otras personas que habían luchado por la reforma agraria terminaron yéndose para las zonas de colonización a cultivar coca. “La manera como la gente encuentra una solución a la falta de la distribución de la tierra, al conflicto agrario, es con la coca”, afirma Molano.

Poco a poco, la coca empezó a jugar un papel importante en el conflicto armado. Fortaleció a las guerrillas, pero no fue un fenómeno únicamente relacionado con los grupos armados ilegales. Cuando la reforma agraria volvió a la agenda pública con las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur y la creación de la Unión Patriótica (UP), sectores poderosos hicieron un negocio con los narcotraficantes, asegura Molano.

“Con el poder del narcotráfico comienza la matazón de la gente  de la UP. ¿Y qué hay detrás de eso? Un negocio con el establecimiento: ‘Nosotros les matamos a esta gente, acabamos con las amenazas al establecimiento, con las amenazas electorales que les quiten los votos y con la amenaza de la guerrilla, nosotros les resolvemos ese problema. Pero a cambio de eso, ustedes nos permiten y nos protegen el narcotráfico’.

Una ventana de oportunidad

Montes de María (foto: Ana Paola Romero)

El despojo de tierras como resultado del conflicto armado puede haber alcanzado 6.6 millones de hectáreas de tierras, según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado.  El gobierno de Juan Manuel Santos busca revertir este proceso con el proyecto ley de restitución de tierras. «La meta es restituir dos millones de hectáreas de tierra a los colombianos que fueron despojados por delincuentes de todos los pelambres», dijo el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, al radicar el proyecto de ley en el Congreso.

Para Mauricio Romero, director del Observatorio del Conflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris, esta iniciativa representa una “ventana de oportunidad” después del fracaso del proyecto reformista de Lleras Restrepo hace 40 años. El politólogo explica el fracaso en parte con las dinámicas de la guerra fría y el hecho de que el movimiento campesino fue influenciado por ideas revolucionarias, lo cual llevó a la represión estatal y al fortalecimiento de sectores muy conservadores en Colombia. Por otra parte, las élites estaban unificados en un régimen de alternación presidencial: el Frente Nacional. No había juego político y eso restringía las posibilidades de alianzas entre los sectores sociales que buscaban reformas y los sectores de élites que pudieran apoyarlos. Ahora, después de 8 años con Álvaro Uribe en el poder, hay un nuevo panorama político:

“El hecho de que Uribe construyó unas mayorías con sectores que estaban promoviendo corrupción con recursos públicos, sectores emergentes, con una serie de capitales medio ilegales, generó también una reacción de unos sectores políticos importantes. El triunfo de Juan Manuel Santos permite un cambio en la composición política del Gobierno”. El Partido Liberal, Cambio Radical y sectores del Partido Conservador representados en el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, se han diferenciado de Uribe y han sido claramente anti narcotráfico, anti paramilitares y en contra de la corrupción y la ilegalidad, señala Romero.

“Eso genera una situación política nueva que pueda hacer posible la restitución de tierras y una serie de desarrollos rurales, con mayores posibilidades para sectores medios y sectores de pequeños campesinos”.

Uno de los principales retos es la violencia y la intimidación que siguen ejerciendo los neoparas o bandas criminales en las regiones. Ya han matado a más de 60 líderes regionales, de los cuales unos 25 luchaban por la restitución de tierras. Por eso es importante controlar no solo estos grupos, sino sus aliados en los parapolíticos, los testaferros de las AUC y  las redes que se beneficiaron de todo el despojo de tierras de las AUC, afirma Romero. En las elecciones locales de fin de año se verá si estos sectores se fortalecerán, o si se puedan consolidar nuevos liderazgos y movimientos retomando nuevamente las reformas sociales.

Alfredo Molano afirma que dos millones de hectáreas es poco tomando en cuenta que hay 40 millones de hectáreas de ganadería extensiva. Pero en relación con los resultados de la reforma agraria en los años 60 – que no fue un millón de hectáreas, sumando la titulación de baldíos -es una cantidad considerable de tierras. Molano prevé que  habrá una resistencia a la propuesta por parte de Fedegan y otros sectores como los palmeros y cañeros. Al igual que Romero, considera que va a ser determinante el resultado de la pelea entre los sectores que apoyan Santos y los que apoyan a Uribe, incluidas las élites regionales relacionadas con la parapolítica.

El sociólogo también está preocupado por los asesinatos de líderes sociales en las regiones donde se van a restituir tierras. Tiene sus reservas frente a la política de seguridad del Gobierno, que incluye los Centros de Coordinación y Atención Integral (CCAI). “El Gobierno dice: ‘Si, realmente es muy peligroso, entonces vamos a protegerlos’. ¿Y cómo los protegen?, militarizando la zona. Entonces, quien va a tener acceso a la tierra pasa por el filtro de la inteligencia militar”. Un reciente informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) revela que 32 por ciento de todas las personas desplazadas en el 2010 proceden de estas zonas especiales de consolidación.

Alejo Suárez es un optimista moderado frente al panorama actual.Hace poco tuvo una reunión con la Vicepresidencia donde acordaron que se va a realizar un encuentro regional en Sincelejo el 9 de marzo. Los temas principales son los derechos humanos y los planes de desarrollo regionales, incluyendo la problemática de la tierra. El antiguo dirigente campesino espera poder restituir la parcela que tenía en la empresa comunitaria Nogal. Sin embargo, no está seguro si podría regresar a trabajar en el campo nuevamente. “Es poco probable que me permitan hacer eso”. Considera que fuerzas dentro del Estado que fueron responsables de su persecución siguen operando en la región. Se pregunta si el Gobierno será lo suficientemente fuerte como para subordinarlas.

“Ahorita uno creería que se abre una ventanita con la política de restitución de tierras y la ley de víctimas. Pero yo digo una ventanita, porque lo que uno observa es una indecisión política del Estado para implementar esas reformas. Tu no vas a desarrollar 20 años de guerra para apropiarte de algo para después devolverlo”.

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Ver también mi reportaje «San Onofre: La tierra, la muerte y la flor» sobre el asesinato del lider campesino Rogelio Martínez, después de retornar a la Alemania en Montes de María.

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Om Kristina Johansen

Frilansskribent, sosialantropolog og forfatter av boka "Frykten har et ansikt". Periodista independiente y antropóloga social. Autora del libro "Frykten har et ansikt" (El miedo tiene un rostro). Freelance writer and social anthropologist. Author of the book "Frykten har et ansikt" (Fear has a face).
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5 svar til La lucha por la tierra y la dignidad: La historia de un sobreviviente

  1. antonio sier:

    excelente trabajo, lo felicito

  2. Antonio sier:

    Hace pocos días fue asesina un concejal de San Onofre, militante de PDA y lider de los Desplazados que reclaman tierras en los Montes de María. La ley de restitución de predios tiene un buen proposito y reconocera derechos, pero no cuenta con la realidad, con que existen neoparamilitares que intimidaran y asesinaran a los campesinos que se atrevan a levantar la voz de reclamo. El posconflicto es toda una farsa.

  3. Saray sier:

    Se tarda bastante en dar con textos coherentemente redactados, por lo
    tanto tengo que reconocerselo al autor.Saludos.

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